Mientras la comisión creada por el Ejecutivo confirma que el 30 de septiembre del 2010 hubo la intención de cometer magnicidio y derrocar al Gobierno, en ninguno de los 33 procesos que registra la Fiscalía se investigan estas figuras.
De esas causas abiertas, según datos de la Fiscalía, nueve llegaron a sentencia. De estas, dos esperan la revisión en casación, tres apelaron la condena y una está impugnada. En indagación previa están diez procesos; en instrucción fiscal, cinco; dos en etapa de juicio y cuatro esperan la audiencia de formulación de juicio. Dos procesos se investigan y todavía no se inicia la indagación previa, y uno está en impugnación a la negativa de la nulidad y apelación.
Homicidio y asesinato (murieron cinco personas), incitación a la rebelión, sabotaje a servicios públicos, rebelión de la fuerza pública, invasión de edificios con fines delictivos, sedición, atentado contra la seguridad interna del Estado, sabotaje y terrorismo... Estos delitos se han investigado.
Para el presidente de la Comisión del Ejecutivo, Carlos Baca, está confirmada la hipótesis de que existió un intento golpista en el que participaron actores políticos que, según dice, trabajaron en la desestabilización de la democracia.
“Lucio Gutiérrez tendrá que explicar cómo participó SP en el intento de golpe de Estado... Se tendrá que explicar cómo los luchadores sociales de... MPD... subidos en las camionetas de la Policía, tomándose las gobernaciones... haciendo sedición”, le comentó el miércoles pasado al periodista uruguayo Jorge Gestoso.
Y anuncia que tienen una nómina de más de 90 policías de Inteligencia y otras direcciones de la Policía, a quienes el exfiscal general Washington Pesántez habría entregado las investigaciones, pese a que estaban involucrados.
La asambleísta María José Carrión (AP) no descarta que, luego de que la Fiscalía termine su labor, la Asamblea investigue a quienes –dice– dejaron impunes estos hechos. Este Diario presenta cinco de los nueve casos con sentencia.
CÉSAR CARRIÓN | En el intento de olvidar el juicio del que salió inocente
El coronel César Carrión obtuvo la baja el pasado 24 de abril. Fue firmada por el presidente Rafael Correa y el ministro del Interior, José Serrano. El pedido lo había realizado el 25 de junio del 2012. Mientras esperaba respuesta, recibió una invitación al curso de ascenso para generales, pero se excusó de participar.
El exdirector del Hospital de la Policía, donde estuvo Correa durante las revueltas, fue acusado de magnicidio. El Gobierno aseguraba que participó en un plan para asesinar al mandatario, pero, después de pasar todas las instancias judiciales, fue declarado inocente. Tras estar cerca de siete meses en prisión, Carrión quedó libre y se reintegró a la Policía, en la oficina de la Subdirección de Bienestar Social.
Tras su liberación presentó una demanda contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en septiembre del 2012, para pedir que se le reconozcan daños morales y perjuicios por abusos de la justicia y acoso constante, señala su esposa, Janeth Orbe. La causa aún está en revisión.
“Yo pensé que nuestra vida iba a recuperarse y volver al cauce normal, pero no es así. En realidad, los seguidores de este Gobierno nos insultan y el acoso continúa. No hemos podido recuperar la tranquilidad que teníamos”, cuenta ella. Su esposo está de viaje y trata de encontrar tranquilidad y alejarse de esta historia.
ROLANDO TAPIA | En busca de reparación por daños y perjuicios
Ya cumplió su condena, cambió de actividad y ahora busca recuperar su honor. El coronel (r) de la Policía Rolando Tapia, exjefe de la escolta legislativa, insiste en que él fue procesado “injustamente” –por atentar contra la seguridad del Estado e impedir que la Asamblea Nacional sesionara el 30 de septiembre del 2010– y encarcelado por actos que no cometió.
Estuvo dos años en prisión y el 6 de octubre del 2012 obtuvo la libertad condicionada.
Hace dos meses presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por daños y perjuicios, pues considera que en su caso el aparato judicial estuvo secuestrado y se buscó y se sentenció a una persona que se hiciera responsable del 30 de septiembre, bajo las figuras de intento de desestabilización y golpe de Estado, y de impedir el ingreso de asambleístas.
La denuncia fue presentada en contra del Estado y con ella busca que se restablezca su honorabilidad, su “dignidad mancillada” y su buen nombre por sus 31 años de servicio en la institución. Por procedimiento y requisito fijó una indemnización por daño moral y psicológico de $ 2 millones.
Dice que no logra un equilibrio y que solo la unidad familiar le permite incorporarse a otras actividades. Ahora está involucrado con la agricultura y construcción.
GEOVANNY CHANCÚSIG | Tras error volvió a las filas
Fue acusado de retirar la máscara antigás que tenía Rafael Correa durante la revuelta policial, en el Regimiento Quito. Pasó dos meses preso hasta que el policía Vinicio Paucar se entregó voluntariamente y asumió el delito.
Para su abogado, Gonzalo Realpe, eso evidenció un error jurídico de los acusadores y los administradores de justicia.
Tras recuperar su libertad, en diciembre del 2010, el jefe de Estado le ofreció disculpas. Con ese antecedente, su abogado presentó una demanda al Estado por daños y perjuicios, por $ 3 millones. Este trámite espera respuesta en la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte de Pichincha, desde el pasado 7 febrero.
Él se reincorporó a las filas policiales y, posteriormente, fue trasladado a Coca. Ahí continúa en servicio.
Paucar fue condenado por intento de magnicidio, ofreció disculpas públicas al presidente y este, por decreto, lo indultó. También a Luis Bahamonde, encontrado responsable de rociar gas pimienta al mandatario.
MARCO TIBÁN | Entre las leyes y seguridad
A inicios de este año recibió la notificación de su baja como miembro de la Policía por tener una sentencia ejecutoriada. Marco Tibán era parte de la escolta legislativa y fue sentenciado a un año de prisión por el Tribunal Segundo de Garantías Penales, acusado de encubridor en el delito de atentar contra la seguridad interna del Estado durante la toma del edificio de la Asamblea, pero, tras apelar, la pena fue rebajada a nueve meses.
Su abogado y cuñado, Raúl Ilaquiche, presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para demostrar las violaciones al debido proceso que ocurrieron durante toda la etapa de juicio. Esta acción fue presentada hace más de un año. Una vez agotada esa instancia, no descarta acudir a organismos internacionales de justicia.
Su vida dio un vuelco. Ahora estudia leyes a distancia y, al momento, cursa el quinto semestre. Trabaja dando seguridad y como persona de confianza de su hermana, la asambleísta Lourdes Tibán, de PK.
XAVIER CAJILEMA | Por perder profesión y cargo
La sentencia contra el concejal de Latacunga por el Movimiento Popular Democrático (MPD) y profesor con licencia fue ratificada en la última semana: un año de prisión para Xavier Cajilema, junto con sus compañeros Paúl Jácome y Edwin Lasluisa, acusados de invasión a la propiedad pública con actos delictivos.
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) negó su recurso de casación. Él asegura que la marcha que protagonizó en Latacunga el 30 de septiembre del 2010 con partidarios no fue para derrocar al Gobierno, sino para apoyar las demandas salariales de los policías.
Dice que su vida se transformó porque, al ejecutarse la sentencia, se pierden todos los derechos, su profesión como maestro, la representación como concejal y, sobre todo, indica, afecta a su familia.
Cajilema espera que se le notifique su sentencia en los casilleros judiciales de Latacunga para analizar las acciones que emprenderá en su caso, que lleva casi tres años.
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